{"id":7490,"date":"2025-07-22T12:17:09","date_gmt":"2025-07-22T16:17:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mersanlaw.com\/?p=7490"},"modified":"2026-03-16T13:18:54","modified_gmt":"2026-03-16T17:18:54","slug":"derechos-olvidados-determinacion-tributaria-y-patente-municipal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mersanlaw.com\/en\/blog\/derechos-olvidados-determinacion-tributaria-y-patente-municipal\/","title":{"rendered":"Forgotten Rights: Tax Assessment and Municipal License"},"content":{"rendered":"\t\t
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En los \u00faltimos a\u00f1os, se ha vuelto cada vez m\u00e1s frecuente que distintas Municipalidades reclamen el pago del Impuesto de Patente \u2013com\u00fanmente denominado \u201cPatente Comercial\u201d<\/strong>\u2013 a empresas dedicadas a actividades primarias, tales como la agricultura, ganader\u00eda, miner\u00eda, entre otras.<\/span><\/p>

Estos reclamos suelen canalizarse mediante sumarios administrativos que posteriormente derivan en juicios contencioso-administrativos<\/strong>, o bien directamente a trav\u00e9s de juicios ejecutivos iniciados con base en certificados de deuda emitidos por la propia Municipalidad y tramitados ante Juzgados Civiles y Comerciales de Primera Instancia.<\/span><\/p>

La elecci\u00f3n de una u otra v\u00eda \u2013administrativa o judicial\u2013 depende, en gran medida, de la conducta procesal del contribuyente durante la etapa inicial del procedimiento. En t\u00e9rminos generales, el procedimiento adoptado por las Municipalidades sigue el siguiente esquema:\u00a0<\/strong><\/span><\/p>

  • En primer lugar, se notifica al contribuyente mediante c\u00e9dula, indic\u00e1ndose los montos presuntamente adeudados y los ejercicios fiscales en cuesti\u00f3n, acompa\u00f1ando una liquidaci\u00f3n del impuesto. En dicha notificaci\u00f3n se le intima a regularizar la supuesta deuda en un plazo de ocho (8) d\u00edas h\u00e1biles<\/strong>.<\/span><\/li>
  • Si el contribuyente no formula oposici\u00f3n dentro del plazo se\u00f1alado, pero tampoco procede al pago, la Municipalidad emite un certificado de deuda que sirve de t\u00edtulo ejecutivo. Luego ejecuta el t\u00edtulo en un juicio ejecutivo que sigue con una orden de embargo ejecutivo sobre bienes suficientes del contribuyente para cubrir el monto reclamado y los gastos de justicia estimados (generalmente un 10% del monto demandado).<\/span><\/li>
  • Si el contribuyente presenta oposici\u00f3n, la Municipalidad dispone la apertura de un sumario tramitado ante el Juzgado de Faltas. En la pr\u00e1ctica, estos sumarios concluyen casi invariablemente con una resoluci\u00f3n que impone al contribuyente el pago del impuesto originalmente reclamado, junto con una multa por infracci\u00f3n municipal. Luego de esto queda expedita la v\u00eda para accionar judicialmente ante el fuero contencioso-administrativo.<\/span><\/li><\/ul>

    \u00a0<\/p>

    Sobre la cuesti\u00f3n de fondo, en la \u00faltima d\u00e9cada la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (la \u201cSala Penal\u201d), que atiende en \u00faltima instancias las cuestiones relativas al fuero contencioso-administrativo, ha mantenido criterios divergentes sobre la discusi\u00f3n de si las actividades primarias se encuentran o no sujetas al pago del Impuesto de Patente.<\/span><\/p>

    En ese sentido, se observa que hasta el a\u00f1o 2015, aproximadamente, la Sala Penal sostuvo que tales actividades no se encuentran sujetas a dicho tributo, considerando que, para el ejercicio de \u00e9stas, no se incurre en actos de comercio \u2013uno de los hechos generadores del impuesto\u2013.<\/span><\/p>

    Sin embargo, a partir de dicho a\u00f1o, la Sala Penal cambi\u00f3 de criterio y en adelante sostuvo que las actividades primarias son de naturaleza comercial cuando la lleva a cabo una sociedad regulada por las disposiciones del C\u00f3digo Civil (sociedad an\u00f3nima, de responsabilidad limitada, etc.), en virtud de una presunci\u00f3n establecida en la Ley Nro. 1034\/83 \u201cDel Comerciante\u201d.<\/span><\/p>

    De esta forma, ha quedado vigente hasta la actualidad el \u2013cuando menos, discutible\u2013 criterio de que una actividad se considera comercial y, por ende, constitutiva del Impuesto de Patente, seg\u00fan la personalidad jur\u00eddica del contribuyente que lleva a cabo la actividad. Es decir, bajo este razonamiento, la actividad ser\u00eda de naturaleza comercial para algunos, pero no para otros.<\/span><\/p>

    M\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n de fondo, sobre la que hago especial reserva por no coincidir con el criterio actual de la Sala Penal, se impone otra cuesti\u00f3n que ha sido omitida en todos los casos an\u00e1logos que fueron analizados en el fuero contencioso-administrativo, pero que reviste de igual importancia que la cuesti\u00f3n de fondo: <\/span>la determinaci\u00f3n tributaria<\/b>.<\/span><\/p>

    Seg\u00fan las ense\u00f1anzas de Villegas<\/strong>, la determinaci\u00f3n tributaria es el \u201c<\/span>acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria (\u2018an debeatur\u2019); en su caso, qui\u00e9n es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cu\u00e1l es el importe de la deuda (\u2018quantum debeatur\u2019)<\/span><\/i>\u201d.<\/span><\/p>

    Por su parte, Garc\u00eda Vizca\u00edno<\/strong> expone que, si bien la obligaci\u00f3n tributaria nace al configurarse el hecho imponible \u201c[E]<\/span>llo no importa considerar que \u00e9sta <\/span><\/i>[la determinaci\u00f3n tributaria] <\/span>sea innecesaria, ya que constituye una condici\u00f3n para que el fisco pueda reclamar eficazmente el cr\u00e9dito tributario<\/span><\/i>\u2026\u201d. De esta forma, luego concluye que: \u201c[L]<\/span>a determinaci\u00f3n crea un estado de certeza sobre la existencia y el alcance de la obligaci\u00f3n tributaria preexistente<\/span><\/i>\u201d.<\/span><\/p>

    En consecuencia, para estos autores, a los que adhiero, la determinaci\u00f3n tributaria es igual de importante que la configuraci\u00f3n del hecho generador del impuesto. Si bien la obligaci\u00f3n tributaria es exigible desde el momento en que se verific\u00f3 el cumplimiento del hecho generador, no puede ser sino hasta que se realice la determinaci\u00f3n tributaria que dicha exigibilidad puede ser ejecutada.<\/span><\/p>

    En esa l\u00ednea, el art\u00edculo 209 de la Ley Nro. 125\/91 (el \u201cC\u00f3digo Tributario\u201d) establece que la determinaci\u00f3n tributaria es \u201c\u2026<\/span>el acto administrativo que declara la existencia y cuant\u00eda de la obligaci\u00f3n tributaria, es vinculante y obligatoria para las partes<\/span><\/i>\u201d. Y, conforme al art\u00edculo 210 del mismo cuerpo legal, procede, entre otros, \u201c\u2026 <\/span>b) cuando las declaraciones no sean presentadas<\/span><\/i>\u201d.<\/span><\/p>

    Dicho lo anterior, se debe tener en cuenta que el art\u00edculo 5 de la Ley Nro. 620\/76 (la \u201cLey Tributaria Municipal\u201d) establece que el Impuesto de Patente debe liquidarse \u201c<\/span>sobre el valor de los bienes existentes en el municipio respectivo a cuyo efecto ser\u00e1 deducible del activo el valor de los bienes existentes en otros municipios<\/span><\/i>\u201d.<\/span><\/p>

    En este sentido, el art\u00edculo 3 de la Ley Tributaria Municipal establece que, para dicho efecto, los comerciantes \u2013entre ellos, aquellas sociedades que se dedican a actividades primarias, seg\u00fan el criterio de la Sala Penal\u2013, deben presentar \u201c<\/span>la copia del balance del ejercicio anterior visado por la Direcci\u00f3n de Impuesto a la Renta o por la Superintendencia de Bancos cuando se trata de bancos y entidades financieras, o una declaraci\u00f3n jurada.<\/span><\/i>\u201d<\/span><\/p>

    Ahora bien, l\u00f3gicamente, cuando una empresa no reconoce estar sujeto al Impuesto de Patente, debido a que, a su criterio, no incurre en el hecho generador, no presenta la documentaci\u00f3n establecida en la norma para la liquidaci\u00f3n del impuesto. En estos casos, el mentado art\u00edculo 3 establece que \u201c<\/span>el Departamento Ejecutivo estimar\u00e1 de oficio el monto del activo<\/span><\/i>\u201d.<\/span><\/p>

    Es aqu\u00ed donde radica la confusi\u00f3n de la Municipalidad y, adem\u00e1s, donde encontramos la llamativa omisi\u00f3n del Tribunal de Cuentas y la Sala Penal en los casos que han atendido, ya que, aparentemente, dicha facultad de determinaci\u00f3n de oficio es entendida por estos \u00f3rganos como una prerrogativa exclusivamente discrecional de la autoridad, a pesar de que no la es.<\/span><\/p>

    Por el contrario, lejos de ser una facultad enteramente discrecional, el mismo art\u00edculo 3 establece que, para la determinaci\u00f3n de oficio, se debe establecer por Ordenanza \u201c<\/span>la manera de determinar el activo en base a: <\/span><\/i>[\u2026] <\/span>b) si no se dispusiera de los elementos citados en el inciso anterior, la consideraci\u00f3n del activo de negocios similares, seg\u00fan clases de operaciones, su ubicaci\u00f3n y el n\u00famero de personal empleado, y la documentaci\u00f3n que se crea necesario exigir<\/span><\/i>\u201d.<\/span><\/p>

    Sin embargo, en contrapartida, no conocemos ninguna Municipalidad del pa\u00eds que haya reglamentado dicho procedimiento por medio de una Ordenanza Municipal. A su vez, tampoco hemos observado, en ninguno de los casos analizados, que las Municipalidades hayan sustentado los montos reclamados a sus habitantes con base a las bases objetivas establecidas en la \u00faltima parte del art\u00edculo 3 de la Ley Tributaria Municipal.<\/span><\/p>

    Por lo tanto, en estos t\u00e9rminos, es evidente que las determinaciones de oficio que realizan las Municipalidades para establecer el monto del Impuesto de Patente supuestamente adeudado por sus contribuyentes son irregulares, ya que no se realizan conforme lo estipula la Ley Tributaria Municipal. Tambi\u00e9n son arbitrarias, ya que tampoco se sustentan en est\u00e1ndares f\u00e1cticos.<\/span><\/p>

    En definitiva, son montos establecidos unilateralmente por las Municipalidades<\/strong>, carentes de cualquier motivaci\u00f3n v\u00e1lida y leg\u00edtima, que probablemente solo responde a satisfacer sus intereses recaudatorios.<\/span><\/p>

    As\u00ed las cosas, si tomamos en consideraci\u00f3n que en el fuero contencioso-administrativo se revisa la regularidad y validez de los actos administrativos, al condenar el pago de montos que no han sido determinados conforme a los lineamientos legales, dichos actos deber\u00edan ser revocados, independientemente de la discusi\u00f3n de si las actividades primarias est\u00e1n o no sujetas al pago del Impuesto de Patente.<\/span><\/p>

    Se debe recordar que es deber de la administraci\u00f3n \u2013las Municipalidades\u2013 sujetar sus actuaciones a la ley, en virtud del principio de legalidad del derecho administrativo. En caso de omisi\u00f3n de este requisito esencial, sus actuaciones irregulares no deber\u00edan poder generar efectos jur\u00eddicos contra quienes van dirigidas.<\/span><\/p>

    Por los mismos motivos, los juicios ejecutivos promovidos a partir de la emisi\u00f3n unilateral de certificados de deuda tampoco deber\u00edan prosperar. La determinaci\u00f3n tributaria, pues, es el acto administrativo previo que declara la existencia y cuant\u00eda de la obligaci\u00f3n tributaria. Por lo tanto, un certificado de deuda emitido a pesar de la omisi\u00f3n de dicho procedimiento respaldar\u00eda una deuda que no es l\u00edquida ni exigible.<\/span><\/p>

    A la luz de lo expuesto, resulta fundamental que los contribuyentes no limiten su defensa \u00fanicamente a cuestionar la existencia o no del hecho generador del impuesto<\/strong> \u2013es decir, si la actividad primaria est\u00e1 o no sujeta al Impuesto de Patente\u2013, sino que tambi\u00e9n examinen rigurosamente si la Municipalidad ha cumplido con todas las normas legales y procedimentales relativas a la determinaci\u00f3n tributaria.<\/span><\/p>

    En consecuencia, en cualquier reclamo tributario municipal, la estrategia de defensa debe incluir una revisi\u00f3n cr\u00edtica de los actos administrativos que sustentan el monto reclamado<\/strong>, a fin de identificar irregularidades u omisiones que permitan impugnar eficazmente el acto determinativo y revertir una eventual resoluci\u00f3n o sentencia adversa.<\/span><\/p>

    \u00a0<\/p>

    Federico Mart\u00ednez<\/a>\u00a0<\/strong><\/p>

    Asociado Senior<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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