Una historia de tifones
Corría el mes de diciembre del año 2018 cuando, como ocurre normalmente en esta época del año, los tifones (la versión oriental de los huracanes) golpean el Sudeste Asiático (Océano Pacífico), con lluvias y tormentas extremas.
Casualmente, un amigo se encontraba en ese entonces en la zona turística de El Nido, Filipinas, en el momento y en el lugar equivocados.
Los tifones, como cualquier otra fuerza de la naturaleza, tienen un impacto letal tanto en los países desarrollados (como Corea del Sur) como en los subdesarrollados (como Filipinas). Éstos últimos normalmente cuentan con menos infraestructura, menos servicios públicos; en fin, menos recursos.
Este amigo cuenta que, durante los días del tifón, que suelen ser varios, la lluvia cayó con tal intensidad y copiosidad que las calles (sin desagüe pluvial) se convirtieron en ríos, los autos, en canoas, y los caminantes, en nadadores. Todo esto, casi literalmente (más allá del sentido metafórico).
Coincidentemente, relata el turista, uno de los últimos días del tifón, era el momento de tomar el vuelo hacia otro país. Es decir, había que llegar al aeropuerto, en primer lugar. Y, en segundo lugar, el avión debía tener las condiciones climáticas para poder despegar.
Ese día, sigue el relato, cuando mermó un poco la lluvia, partió la expedición rumbo al aeropuerto. La furgoneta contratada para el propósito realizó todos los desvíos que pudo hasta que ocurrió lo inesperado (o no tanto). En una de las vías principales de la ciudad, para poder llegar al aeropuerto, corría un canal de agua imposible de ser atravesado por un automóvil común y corriente. Con el correr del tiempo, se acumularon varios vehículos que quedaron varados en el mismo lugar.
Tras un par de horas, finalmente, llegó la caballería.
Las fuerzas armadas filipinas tuvieron que hacerse cargo del problema y, con la ayuda de tanquetas y camiones cuyas ruedas superaban el diámetro ordinario para cualquier civil, trasladaron a todas las personas directamente al aeropuerto.
La escena combinó un poco de tragedia, salvación, y aires de guerra.
Una historia de impuestos y derechos
Más allá del drama, la anécdota contiene un relato simple pero bastante revelador.
La intervención de las fuerzas armadas filipinas para salvar el día representa muchas cosas, pero -a efectos de este análisis- principalmente uno: el presupuesto nacional de la República de Filipinas.
¿Cuánto cuesta al Estado de Filipinas intervenir en este tipo de situaciones y movilizar a sus fuerzas armadas para solucionar el problema causado por un temporal? En otras palabras, ¿cuánto cuesta “el derecho” de los turistas de tener acceso a este tipo de asistencia gubernamental?
La respuesta a ambas interrogantes ha sido cuidadosamente estudiada por Stephen Holmes y Cass Sunstein en la obra “El Costo de los Derechos” [1], en la que analizan y sostienen por qué la libertad (o los derechos, en general) dependen -casi literalmente- del pago de impuestos.
La lógica detrás de la tesis de Holmes y Sunstein es muy simple. El texto de las normas tiene fórmulas mágicas como el “derecho a la educación” o el “derecho a la seguridad” que, si bien suenan alentadoras, en la realidad empírica dependen casi inexorablemente del presupuesto estatal y del gasto público en relación con cada derecho.
En el mismo sentido, el derecho a la educación depende de cuánto esté gastando (o invirtiendo) el Estado en el sistema educativo nacional. El derecho a la educación significa muy poco si el Estado no dedica recursos a pagar profesores y nuevas escuelas. A su vez, el derecho a la seguridad será más o menos efectivo en tanto y en cuánto el Estado destine fondos a la formación de la Policía Nacional para proteger a sus ciudadanos, y así sucesivamente.
La contracara de esta moneda, por supuesto, es el origen de los recursos. En un Estado como el nuestro, la fuente principal (aunque no la única) de las finanzas públicas es el aporte de los contribuyentes a través de los impuestos. Este caudal de fondos posteriormente se transforma, a través del ejercicio democrático del Congreso Nacional en el Presupuesto General de la Nación, que año a año implica una puja de intereses asociados a los diversos rubros en los que debe ser ejecutado.
Este concepto -nuevamente- contiene un significado simple pero bastante concreto. La contrapartida de un estado de derecho es un gasto público eficiente. Sin recursos, no es posible una efectiva protección de derechos.
Estas ideas se aplican también al Paraguay. El último Presupuesto General de la Nación (2025) fue fijado en G. 133.210.000 millones (USD. 18.500 millones aprox.). De este total, en la teoría, la Constitución Nacional prevé que no menos del 3 % se debe destinar al Poder Judicial, y no menos del 20 % a educación. Con estos valores, si se respetaran las normas constitucionales (no siempre es así), el Estado Paraguayo cuenta con aproximadamente USD. 555 millones para un servicio eficiente de justicia. Adicionalmente, tendría estimativamente USD. 3.700 millones para educación. Todo ello, claro está, si el presupuesto se ejecutara íntegramente y sin corrupción.
Por estos motivos (y otros más), quizás, Paraguay ocupa los puestos más bajos en ránkings de educación y servicio de justicia del mundo[2].
Finalmente, antes de hablar de “tenemos derecho a…” deberíamos revisar minuciosamente los recursos que estamos invirtiendo para que la letra de la norma se haga realidad. De lo contrario, nos quedaremos ahogados en calles de agua, como consecuencia de los tifones y despilfarros del gasto público.
Socio
[1] S. Holmes, C. Sunstein; “El Costo de los Derechos – Por qué la libertad depende de los impuestos”; Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires (2012)
[2] Justicia: Paraguay ocupa el puesto 100/140 países; https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global
Educación: Paraguay ocupa los últimos puestos del informe PISA de la OCDE;https://blogs.iadb.org/educacion/es/pruebas-pisa-2022-america-latina-caribe/